La empresa canadiense que extrae plata de unas colinas, y la gente que muere por intentar evitarlo | Environment
A grandes profundidades, enterrado en las exuberantes colinas del sur de Guatemala, se encuentra un verdadero tesoro: toneladas de plata que forman uno de los mayores depósitos del mundo.
Sin embargo, lo verdaderamente peligroso sucede en la superficie. En una carretera polvorienta, aproximadamente 50 campesinos rezan en cÃrculo, una especie de barricada para que no pasen los camiones que se dirigen a la mina. La policÃa ya los ha dispersado por la fuerza con gases lacrimógenos. Ahora tienen miedo de que llegue el ejército.
El contraste no puede ser mayor: el año pasado, la mina produjo plata por valor de más de 350 millones de dólares. Los manifestantes, hombres, mujeres y niños que se turnan en vigilias de 12 horas, se ganan la vida cultivando café y maÃz y criando unas cuantas cabezas de ganado.
Este es un frente constante en la batalla mortal que libran en Guatemala los defensores del derecho a las tierras contra los grandes intereses empresariales, un choque que ha convertido el paÃs en uno de los lugares más peligrosos del mundo para los ecologistas, según la ONG Global Witness.
Desde 2010, han muerto asesinadas por lo menos 41 personas y, entre ellas, ocho en la mina de propiedad canadiense, Escobal.
Aunque se ha juzgado a varios asesinos a sueldo en relación con los asesinatos, no se ha detenido a ninguno de los cerebros responsables.
Algunos dicen que la represión actual está relacionada con el pasado no resuelto de Guatemala. Durante la guerra civil, las desapariciones forzosas y los asesinatos extrajudiciales servÃan para someter a las comunidades rurales y que las clases dirigentes se quedaran con las tierras.
Hoy, dice Ramón Cadena Rámila, director para Centroamérica de la Comisión Internacional de Juristas, la represión es más sutil pero los resultados son similares. Las comunidades rurales se ven obligadas a defender su territorio.
“Los tres brazos del Estado â€"los tribunales, el congreso y el ejecutivoâ€" unen sus fuerzas para autorizar desalojos, estados de sitio, acusaciones falsas y detenciones arbitrarias con el fin de crear terror y aplastar la rebelión en las comunidades que se oponen a las industrias extractivasâ€, dice Cadena.
En Guatemala, en la actualidad, hay un mÃnimo de 307 licencias activas para la explotación minera, sobre todo en regiones rurales indÃgenas, según cifras del Ministerio de EnergÃa y Minas (MEM), y se están estudiando casi 600 más. Están funcionando al menos 32 presas hidroeléctricas, y varias docenas más están en proceso de construcción o evaluación.
Frente a esta situación, alrededor de dos millones de personas han participado desde 2010 en una serie de plebiscitos con un resultado abrumador en contra de proyectos destructivos para el medio ambiente como la explotación minera, la tala de árboles y la construcción de presas. En general, se les ha ignorado.
La represión asociada a la mina de Escobal, situada a 64 kilómetros al sudeste de la capital, Guatemala City, permite comprender el turbio mundo de las industrias extractivas en este paÃs.
Se cree que la mina de Escobal, adquirida por la compañÃa canadiense Tahoe Resources en 2010, contiene el tercer mayor depósito de plata del mundo. Pero está situada en el centro de las tierras agrÃcolas en el sur del paÃs, unas tierras que permiten subsistir a miles de familias.
En abril de 2013, Tahoe obtuvo una licencia de 25 años para explotar una zona de 20 kilómetros cuadrados en San Rafael las Flores â€"casi la cuarta parte del territorio del municipioâ€" a pesar de que la comunidad habÃa votado numerosas veces contra la mina.
Su estudio de impacto ambiental (EIA) tenÃa muchos defectos y no deberÃa haberse aprobado, aseguran varios expertos independientes, pero Tahoe rechaza sus conclusiones. La empresa insiste en que obtuvo todas sus licencias de forma legal y en que la mayorÃa de los miembros de la comunidad está en favor de la mina.
DÃas después de la concesión de la licencia para explotar Escobal, hubo disparos contra siete manifestantes delante de la mina. Luis Fernando Monroy, que hoy tiene 23 años, recibió tres disparos a quemarropa en el rostro, que le han dejado con la pérdida permanente del olfato y complicaciones respiratorias.
Fernando, que dirige un grupo ecologista juvenil, se niega a tener miedo, a pesar de todos los mensajes insultantes, difamatorios y amenazadores que recibe a través de las vÃas sociales y WhatsApp. Su familia ha recibido amenazas en casa, y sus hermanos menores han tenido que abandonar la escuela.
“El acoso es constante, el miedo está ahÃ, pero resistiré hasta la muerte. Tenemos derecho a tener un medio ambiente saludable y agua potable; estamos luchando por la vidaâ€, ha dicho Fernando a The Guardian.
Los intentos de perseguir al hombre acusado de ordenar a los guardas que dispararan han sido caóticos. En 2013, Alberto Rotondo, entonces jefe de seguridad, pero despedido por Tahoe después del suceso, fue detenido mientras trataba de huir de Guatemala. Estuvo en arresto domiciliario, pero se escapó con ayuda de los policÃas que le custodiaban y huyó a Perú, donde aguarda la extradición.
Otra vÃctima de la violencia en Guatemala fue Topacio Reynoso, que no tenÃa más que 16 años cuando la dispararon mientras se subÃa al coche de su padre, en 2014.
“Experimentó una epifanÃa polÃtica y nos educó sobre los peligros de la minerÃaâ€, dice Irma Reynoso, de 41 años, sentada con aire solemne delante de un montaje fotográfico con imágenes de su hija que adorna la fachada de su vivienda.
El padre de Topacio, Alex, también recibió disparos, pero consiguió sobrevivir pese a estar nueve dÃas en coma.
Tres años después, no se ha acusado formalmente a nadie. El fiscal inicial está siendo investigado, acusado de haber filtrado información a sospechosos, pero sigue trabajando.
En 2013, pocos dÃas después de que disparasen contra Fernando, el gobierno proclamó el estado de sitio en torno a la mina y desplegó tropas equipadas con órdenes de detención de activistas anti-minerÃa. Sin que se probara nunca ninguna acusación, docenas de personas permanecieron detenidas de forma arbitraria durante meses, y eso debilitó la moral del movimiento.
El estado de sitio se implantó varias semanas después de que Tahoe intentara exigir al gobierno, por vÃa judicial, que reprimiera las protestas.
Una de las tres bases militares establecidas durante el estado de sitio permanece todavÃa en pie. Además de tener su propio servicio privado de seguridad, la filial de Tahoe financió la construcción de una nueva comisarÃa de policÃa cerca de la mina, dentro de un nuevo acuerdo para aumentar la presencia policial.
Tahoe se enfrenta en Canadá a demandas para reclamar indemnizaciones por su participación en los actos violentos de abril de 2013. Hace poco, tres de las vÃctimas llegaron a acuerdos con la empresa fuera de los tribunales.
La controversia por la mina de Escobal no es un suceso aislado. Se cree que, en toda América Latina, las explotaciones mineras de propiedad canadiense están relacionadas al menos con 44 muertes y 400 casos de lesiones entre 2000 y 2015, según la investigación llevada a cabo en nombre de Brand Canada (que agrupa a las empresas del sector agroalimentario canadiense) por el Proyecto de Justicia y Responsabilidad Corporativa (JCAP) de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall en Ontario. La cuarta parte de los actos violentos documentados se produjo en Guatemala, donde acusan a la embajada de promover los intereses empresariales por encima de los derechos humanos.
“La embajada ofrece su apoyo incondicional y justificación polÃtica a las compañÃas mineras canadiensesâ€, asegura el profesor Shin Imai, de JCAP.
Una portavoz de la embajada dice que las empresas canadienses que trabajan en el extranjero deben “respetar todas las leyes y normas internacionales pertinentesâ€.
La razón fundamental de la oposición a Escobal es el agua. Varios habitantes locales han explicado a The Guardian que las fuentes de agua están contaminadas y escasean cada vez más, incluso durante la estación de las lluvias. La gente tiene miedo de que Escobal forme parte de un proyecto mucho más amplio que incluya múltiples concesiones en varias regiones agrÃcolas, que también necesitan tener agua abundante y potable.
“Si la empresa crece como desea, para nosotros será el finâ€, dice Amalia Lemus, una activista de la zona cafetera de San Juan Bosco. AquÃ, los campesinos dicen que han continuado las exploraciones a pesar de una sentencia judicial que en 2016 que ordenaba su suspensión hasta que el MEM pueda garantizar que el suministro de agua no va a sufrir efectos negativos.
Tahoe dice que las acusaciones sobre el agua sin “infundadas e incorrectas†y que las alegaciones de que su mina está provocando actividad sÃsmica en el pueblo cercano de Casillas “no tiene lógica cientÃficaâ€.
El padre de Topacio, Alex Reynoso, de 37 años, un apasionado activista que sobrevivió a un segundo intento de asesinato un año después, ha perdido la fe en el sistema de justicia. “La ley no ayuda a las personas corrientes como nosotros, pero nunca vamos a dejar de luchar para proteger a la madre tierra. Si el Estado intenta volver a reprimirnos, la única opción será la resistencia armadaâ€, dice.
La impunidad genera violencia, según Jorge Santos, de la ONG Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala (UDEFEGUA). “El Estado guatemalteco está diseñado para proteger los intereses privados y la impunidad de los más poderososâ€.
Tahoe tiene otra opinión sobre la violencia.
“Hay un puñado de opositores muy ruidosos que promueven la intimidación y la violencia en la región. Eso ha provocado una serie de incidentes violentos que, a veces, deriva en un entorno general de impunidad fomentado por esos activistas violentosâ€, dice la portavoz Edie Hofmeister.
En medio de la creciente condena internacional de las agresiones, la fiscalÃa de derechos humanos de Guatemala City está analizando las pautas de la violencia contra los activistas e investigando los posibles delitos que hayan podido cometer las autoridades que aprobaron las licencias y los estudios de impacto ambiental.
El 6 de julio, el tribunal supremo de Guatemala confirmó la suspensión preliminar de la licencia de Tahoe para explotar Escobal, por violar el derecho de las poblaciones indÃgenas a que se les consulte. La empresa ha presentado un recurso para intentar que se revoque la decisión.
“Las industrias extractivas han generado conflictos sociales en todo el paÃs, y los polÃticos no han hecho nada para impedirloâ€, dice Gilda Pineda, fiscal jefe de derechos humanos. “Ahora somos nosotros los que debemos aplicar la ley para intentar detener esta espiral de violenciaâ€.
0 Response to "La empresa canadiense que extrae plata de unas colinas, y la gente que muere por intentar evitarlo | Environment"
Posting Komentar